Sobre la eticidad de nuestros jueces

El problema de la disolución de los poderes de legislar e impartir justicia en Venezuela es crucial para cualquier proyecto político futuro. Por eso debe integrar nuestro pensamiento y nuestra acción de manera constante, consciente y constructiva, para desprendernos de la inercia intelectual con la que hasta hoy asumimos nuestra sociedad.
La primera idea que plantearé es que atender este problema es cometido de TODOS, especialmente los excluidos. De manera que un prerrequisito es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo integramos, ahora, no mañana, a los marginados, a los de menores recursos, activa y sinceramente, a la construcción de un proyecto social venezolano justo, inclusivo?
La segunda, que la mentalidad del venezolano, especialmente el excluido, ha variado positivamente hacia la ciudadanía en los últimos nueve años, producto de las aspiraciones que la demagogia de nuestro actual presidente les ha hecho concebir como viables.
Esta afirmación puede parecer problemática, pero creo que la gente, en general, percibe que tiene, en cuanto ciudadano, poder. Y tiene aspiraciones justas a una mejor vida material, espiritual y emocional.
Todo ello es favorable, porque a fin de cuentas, es lo que se quiere: una nación de ciudadanos integrales y realizados. Debemos, para nuestra praxis, reconocer y diferenciar esto de la manera engañosa como se ha manipulado el tema de la participación por el destructivo despliegue bolivarista.
La tercera idea necesaria es que esta acción política debe realizarse sinérgicamente: no hay que esperar la recuperación de la democracia para comenzar a formar conciencia en la ciudadanía respecto a la necesidad de contar con poderes divididos, que se controlen y obliguen a la transparencia mutuamente.
El objetivo final es impedir que nuestros funcionarios públicos ejerzan sus cargos discrecionalmente. Porque la autoridad debe llegar a ser, entre nosotros, para servir a los ciudadanos.
Dicho lo anterior, analicemos el fenómeno. Desde 1988, Venezuela inició un funesto retorno hacia el caudillaje. En sendas segundas instancias, fueron electos como presidentes dos ciudadanos de dudosa capacidad. La realidad demostró fehacientemente lo catastrófico de esas ree-lecciones.
El caudillo decimonónico apareció propiamente en 1998. Y su ejercicio del poder nos lleva, no a la Edad Media, sino más atrás: hacia los antiguos reinos de China, Persia y Egipto. Por supuesto, con los aderezos actuales de racismo fascista y fundamentalismo leninista. La democracia, de suyo débil y problemática, desapareció de Venezuela.
La realidad de nuestros poderes públicos es que un solo hombre los tiene todos. Este es el problema.
Lo que tenemos que lograr es:
Recuperar la división de poderes formal y efectivamente.
Encontrar la manera de garantizar que esa división no pueda ser desvirtuada.

¿Cuál puede ser la solución para esto?

Debemos lograr que nuestros jueces sean jueces éticos, aptos, cabales. La división de poderes se pierde cuando los jueces se pervierten. Esto es lo que ha pasado en Venezuela. Es un problema cultural, compartido.
Y no porque en el pasado el poder judicial haya estado pervertido vamos a justificar que no se haga nada para transformar la situación. Sí, antes de 1998 ya todos los poderes fallaban. Pero hacía rato que no se presentaba un gobernante central con las características despóticas del actual. Su aparición reveló la profundidad del vacío ético de nuestros jueces.
Si los jueces son idóneos, tanto los gobernantes como los legisladores pueden ser, incluso, bandoleros. La imparcialidad de los jueces frenará los abusos de esos otros dos poderes. Pero si los jueces carecen de ética propia se llega, como recientemente hemos visto, a la aplicación de nociones viles como la de que la justicia debe regirse por el criterio de un proyecto político.
Lo que tenemos que hacer es, en síntesis, difundir conciencia en la población acerca de esta necesidad. Activar políticamente a la ciudadanía para que luche por la recuperación efectiva de la división de poderes, y promover y utilizar los mecanismos de contraloría social para abatir, desde abajo, el proyecto totalitario.
Porque tampoco es que ellos solos, contaminados como ya están, van a recibir una súbita iluminación y comenzar a ser justos, personal y públicamente. La ciudadanía debe obligar al funcionario a cumplir transparentemente su función. Incluso cuando ese funcionario sea impoluto. La confianza en el ejercicio público queda resguardada por una vigilancia consciente, atenta, y permanente. Pero esto hay que enseñarlo…
Estas acciones deben ser promovidas, no sólo desde los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, sino desde la esfera familiar, las aulas de clase y los espacios culturales. Es mucho lo que hemos perdido, y más lo que todavía podemos perder. El primer paso hacia la solución del problema es comprenderlo.